En el plenario del Ayuntamiento de Barcelona del 15 de marzo se aprobó una medida de gobierno que obliga a aplicar criterios sociales y medioambientales en todas las licitaciones que se hagan desde el consistorio y las empresas municipales para favorecer la integración laboral de las personas con riesgo de exclusión social.
Esta medida fue presentada por la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, y se ha elaborado teniendo en cuenta el documento desarrollado por el Grupo Mixto para regular criterios de contratación pública responsable. A finales del 2012 se creó este grupo mixto con participación de miembros del Ayuntamiento y entidades del tercer sector social, colegios profesionales, etc.
Con la contratación pública responsable se pretende generar nuevos puestos de trabajo para colectivos en riesgo de exclusión social ya que las empresas adjudicatarias deberán reservar al menos un 5% de los contratos laborales para personas discapacidad física o psíquica, o de exclusión social. Las empresas también deberán subcontratar un 5% del presupuesto de la adjudicación a centros especiales de trabajo o empresas de inclusión social. Asimismo las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores deberán acreditar que reservan el 2% de la plantilla para personas con discapacidad, tal y como marca la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI).
Durante el pasado 2012 el Ayuntamiento ya firmó 20 contratos de este tipo que generaron 59 puestos de trabajo.
Fuente: http://xarxanet.org